El presidente de Argentina, Javier Milei, remitió este miércoles al Congreso el veto a la Ley de Financiamiento Universitario, una medida que generó un rechazo inmediato y la convocatoria a un paro nacional de universidades para el próximo viernes 12 de septiembre.

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Según el decreto 647/2025, publicado en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo alegó que el proyecto de ley vetada «no cumple con los recaudos legales». Entre los motivos esgrimidos, se señala que «la fuente de financiamiento prevista a través del artículo 9° del Proyecto de Ley registrado bajo el N° 27.795 es manifiestamente insuficiente y, además, no configura una fuente real de financiamiento».

Como respuesta inmediata al veto, las organizaciones de educadores del país, nucleadas en la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA), CONADU, CONADU Histórica, FAGDUT, FEDUN y UDA, entre otras, anunciaron una marcha para el próximo viernes. La misma también fue convocada por las federaciones universitarias que congregan a estudiantes, como la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA).

A través de las redes sociales, manifestaron su postura: «Milei vetó. Nosotros vamos a defender la ley de financiamiento universitario«.

El Ejecutivo esgrimió que la Ley de Financiamiento Universitario aborda los recursos de forma «genérica», sin precisar las sumas de crédito necesarias ni indicar qué partidas deberían dejar de financiarse o cómo se afrontaría el gasto si los recursos resultaran insuficientes.

Sin embargo, desde la comunidad universitaria señalan que esta justificación se basa en formalidades, sin abordar directamente la grave crisis universitaria que atraviesa el sector.

Así, por ejemplo, el Consejo Interuniversitario Nacional de Argentina (CIN) lamentó que, una vez más, “el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Capital Humano, opte por sumar confusión con información tergiversada y parcial, sin ofrecer ninguna solución real al problema que las universidades públicas del país atravesamos”.

La institución educativa mencionó que lo cierto es que “los aumentos establecidos por el Gobierno nacional de 1.3 para junio, julio y agosto, 1.2 para septiembre y 1.1 para octubre y noviembre (el 7,5 al que se refieren en las comunicaciones), más los respectivos bonos, solo consolidan la pérdida que mes a mes se acentúa respecto de la pauta inflacionaria registrada por los organismos oficiales”.

“Una situación muy lejana a la promesa de igualar, con el correr del año, la inflación del 2025 y sin ninguna perspectiva de recomponer el deterioro producido en el último año y medio”, dijo en un comunicado.

Asimismo, argumentó: “Los incrementos presupuestarios transferidos en el último año y medio, consecuencia de múltiples gestiones y manifestaciones realizadas por la comunidad universitaria y científica del país, solo compensaron en parte el deterioro escandaloso frente a la inflación de un presupuesto base construido con valores de octubre del 2022”.

La inversión en universidades nacionales en 2024 cayó 21,9 por ciento en términos reales, agregaron, y se proyecta un retroceso adicional del 8,8 por ciento en 2025, más la pérdida de diciembre de 2023.

“Más de 90 obras comprendidas en el Programa Nacional de Infraestructura Universitaria continúan paralizadas sin cumplir los contratos firmados por el Estado nacional. No hay actualización de becas y programas de asistencia a estudiantes universitarios”, explicó el CIN.

En este sentido, la institución insistió con la necesidad de aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario, un instrumento responsable que resuelve el problema sin comprometer fiscalmente al Estado.

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